El 40,5% de afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario de la provincia son trabajadores extranjeros
Reunida la Comisión de Flujos Migratorios, que coordina la contratación de extranjeros para las campañas agrícolas
La Comisión Provincial de Flujos Migratorios es un órgano de coordinación entre instituciones en el que se organiza la contratación en origen de personas extranjeras, necesarias para las campañas agrícolas, favoreciendo así la migración regular, ordenada y segura, y la contratación legal para cubrir las necesidades del sector agrario, garantizando derechos laborales y condiciones dignas.
En la reunión se ha destacado el proceso actual de regularización extraordinaria, que favorece la integración laboral de personas migrantes en situación irregular, contribuyendo a combatir la economía sumergida.
El subdelegado del Gobierno, David Broceño, ha señalado que la contratación legal y ordenada es fundamental para garantizar las campañas agrícolas, la estabilidad de las explotaciones y la protección de los derechos de los trabajadores.
Actualmente, Ciudad Real cuenta con 180.883 personas afiliadas a la Seguridad Social, de las que 8.519 pertenecen al sector agrario. De las 20.105 empresas registradas en la provincia, 2.965 desarrollan su actividad en la agricultura.
La media anual de trabajadores extranjeros de alta en la Seguridad Social representa el 40,5 % del total del sector agrario, lo que evidencia la relevancia de la población inmigrante para el sostenimiento de las campañas agrícolas y la actividad económica de la provincia.
IRREGULARIDADES
Pese a que en esta Comisión de Flujos Migratorios se reconoce el compromiso mayoritario del empresariado agrario con el cumplimiento de la normativa laboral, se detectan casos de suplantación de identidad y cesión ilegal de trabajadores.
Así se ha recordado que las sanciones por emplear a trabajadores inmigrantes en situación irregular y sin contrato puedan alcanzar los 10.001 euros por trabajador, reforzando así el mensaje de tolerancia cero frente a las prácticas ilegales.
En la Comisión están representados la Inspección de Trabajo, la Tesorería de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, el Servicio Público de Empleo, unidades de Inmigración y Extranjería, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, organizaciones agrarias, sindicatos y la Junta de Castilla-La Mancha.