Cuando hacer las cosas bien no debería acabar en perderlo todo
Hay historias que no salen en las estadísticas, pero dicen mucho de quiénes somos como sociedad. Hay debates que se llenan de cifras, titulares y opiniones. Y luego está la realidad: la que ocurre en una nave, en una cocina, en el campo o en una oficina. La realidad que tiene nombres y consecuencias.
Hace unas semanas, en una empresa de la provincia de Ciudad Real, pasó algo que debería hacernos pensar. Tenían a un trabajador excepcional: responsable, comprometido, cercano, valorado por todos. Con contrato indefinido, fruto de su esfuerzo y su profesionalidad. Esa persona había encontrado su sitio y la empresa, alguien en quien confiar.
Un día, todo se detuvo. Le denegaron el derecho a asilo y, con ello, tiene que dejar su trabajo.
De repente, la empresa pierde a un gran profesional. Y esa persona pierde algo mucho más grande: estabilidad, seguridad, futuro. Después de haberlo tenido todo en contra y de haber hecho las cosas bien, vuelve a perderlo todo.
Es imposible no hacer preguntas: ¿qué pasa con alguien cuando se le quita el trabajo de un día para otro?, ¿qué pasa con una empresa que quiere hacer las cosas bien y no puede?, ¿qué tipo de integración estamos construyendo si no somos capaces de buscar soluciones?
Esto no es un asunto abstracto. No va solo de “papeles”. Va de seguridad, estabilidad y dignidad. Va de evitar que personas que están aportando queden atrapadas en la incertidumbre o, peor aún, empujadas a la economía sumergida. Y va también de proteger a empresas que cumplen, que contratan, que apuestan por el talento y que necesitan reglas claras para seguir funcionando.
Por eso, cuando hablamos de regularización, conviene llamarla por su nombre: ordenar una realidad que ya existe. España lleva años conviviendo con una contradicción evidente: hay personas que viven aquí desde hace tiempo, que trabajan o están listas para trabajar, pero cuya situación administrativa les deja en una especie de “tierra de nadie”. Y esa situación solo genera vulnerabilidad.
En este punto conviene decirlo con claridad. La regularización es, por supuesto, una reivindicación social y humanitaria. Pero es también una necesidad económica y laboral para el país. Negarlo no cambia la realidad. PP y Vox insisten en reducir este debate a una cuestión ideológica, cuando en realidad es que hablamos de personas, de empleo y de sentido común.
Mantener el problema sin resolver, alimentar el miedo o convertirlo en un enfrentamiento permanente no aporta soluciones, pero sí encaja en una estrategia de radicalización que necesita conflictos abiertos para sostener su discurso. Resolverlo, ordenarlo y darle una respuesta útil supondría cerrar un debate que a algunos les resulta más rentable mantener que solucionar.
Y conviene desactivar, sin rodeos, un bulo que se repite demasiado: “esto se hace para que voten”. No es cierto. La regularización no da derecho a voto en elecciones generales. Para votar hay que tener nacionalidad española, y la nacionalidad sigue un proceso distinto, con requisitos y plazos. Confundirlo, o querer confundirlo, solo sirve para generar desconfianza y dividir.
España necesita trabajadores. Lo dicen todas las empresas, sobre todo en sectores donde cuesta encontrar personal. Al mismo tiempo, hay personas dispuestas a trabajar que quedan fuera del sistema por trámites largos y complejos que no siempre se ajustan a la realidad. Una burocracia excesiva que genera incertidumbre, retrasa la integración laboral y añade una carga innecesaria tanto a las personas como a las empresas que quieren contratar de forma legal y responsable.
Regularizar es evitar situaciones injustas como la de este trabajador de la provincia. Es cuidar a las personas y también a las empresas que apuestan por el empleo.
Regularizar no es “regalar”. Es reconocer, ordenar y proteger: proteger a quien trabaja, proteger a quien contrata y proteger un modelo de convivencia donde la ley no deje a la gente a la sombra. Y eso, además de humano, es útil para todos.
* Cristina López Zamora
Diputada nacional y portavoz del PSOE de la provincia de Ciudad Real