la Junta reclama una marco de financiación que considere la singularidad de esta región ante el nuevo Plan de Vivienda
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado un marco de financiación “realista y flexible” que tenga en cuenta la singularidad de la región de cara al nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV). Así lo ha reclamado la directora general de Vivienda de CLM, Salu García Alfaro, que ha participado en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana que se celebra en el Ministerio de Vivienda.
Pero “para que esto sea posible necesitamos un marco de financiación realista y flexible, que tenga en cuenta la singularidad de nuestra región y que no imponga un esfuerzo desproporcionado a nuestras cuentas públicas”.
La directora general de Vivienda del Gobierno regional ha puesto de manifiesto que “el borrador actual del PEV plantea que Castilla-La Mancha incremente su aportación en un 658 por ciento respecto al plan anterior; por lo que Castilla-La Mancha ha hecho alegaciones para que se tengan en cuenta y se trabaje en ese Plan Estatal para los próximos años”.
Asegura que el Gobierno regional ha hecho alegaciones a este Plan entre las que están que “se reconozca dentro del Plan el esfuerzo económico que ya estamos realizando y vamos a poner en marcha desde la Comunidad Autónoma con otros programas y fondos, como los europeos FEDER, que financian tanto la construcción de vivienda protegida como la rehabilitación de viviendas”.
Además, ha pedido “que el reparto de fondos no sea rígido”, ya que el Plan fija que un 40 por ciento vaya a construcción de vivienda social, un 30 por ciento a rehabilitación y accesibilidad, y otro 30 por ciento al acceso a la vivienda, por ese motivo “nuestra propuesta es que esos porcentajes, puedan adaptarse ya que Castilla-La Mancha es una región eminentemente rural, donde hacemos frente a la despoblación y tenemos un parque de viviendas envejecido, una situación muy distinta a la de comunidades más urbanas o industrializadas”.
García Alfaro ha reclamado que “el nuevo Plan contemple los costes de gestión derivados de este esfuerzo presupuestario” y ha propuesto “que hasta un 3,5 por ciento de la aportación autonómica pueda destinarse a personal y herramientas informáticas necesarias para gestionar las ayudas”.
La directora general de Vivienda ha formulado tres propuestas: “crear una línea específica de ayudas para la urbanización de suelo destinado a vivienda protegida, para incrementar la oferta; incluir las actuaciones de rehabilitación y vivienda social en marcha en el marco del Plan de Recuperación; y mantener las oficinas de rehabilitación que se pusieron en marcha con fondos europeos y han demostrado su eficacia en la gestión, en el asesoramiento a los ciudadanos y la tramitación de ayudas”.