Conforme a lo anunciado por el presidente de la Junta, el gobierno regional recurre a la vía judicial para forzar al Ministerio de Transición Ecológica a que cumpla las sentencia del Tribunal Supremo sobre las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura y la garantía de caudales ecológicos en las distintas cuencas.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha señalado que el incumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 35/2023, que supone la falta de caudales ecológicos reales, “está degradando hábitats en todos los espacios Natura 2000 del tramo medio del Tajo”.
Mercedes Gómez subraya que la falta de actualización de las reglas mantiene vigente un sistema de explotación que perpetúa el desequilibrio ambiental, lo que lleva a la pérdida de bosques de ribera, la alteración de la dinámica fluvial y el retroceso en hábitats prioritarios. “Aplicar al menos los caudales que fija la sentencia del Tribunal Supremo de 2025 es imprescindible para detener este deterioro ambiental”, sostiene la consejera.
Mercedes Gómez se dirige “a quienes dicen que no hemos negociado lo suficiente”, para señalarles que el presidente de Castilla-La Mancha lleva más de seis meses esperando una cita de la ministra Sara Aagesen; “o que yo misma como consejera de Desarrollo Sostenible, llevo más de un año esperando esta reunión”.
