"El sabio sabe que ignora”, dio el escueto y sabio Confucio, muy cercano al “solo sé que no sé nada” de Sócrates. Ambos llamaban a la humildad y la modestia aún después de dedicar una vida al estudio. Por eso resulta extraño que surjan tantos expertos en la LOMLOE, comúnmente conocida como Ley Celaá, así como en comparativas con otras leyes orgánicas de educación. Parece normal que, según el ambiente político que se vivía en 1978, el tercer apartado del artículo 27 de la Constitución estableciera: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” Pero este reconocimiento del derecho a la educación no garantiza una educación religiosa, sino el derecho de los padres a elegir si quieren esa educación o no. Una vez elegido el tipo de educación que los padres desean viene la segunda cuestión, ¿quién la paga?
Se afirma que la Ley Celaá pretende acabar con los centros concertados, sean religiosos o no. Sin leer su articulado no se puede emitir una opinión y sí muchas consignas. Salvo que en cada vehículo de quienes se manifestaron en Madrid contra dicha ley, llevaran un ejemplar del Boletín Oficial del Congreso de los Diputados, con el proyecto de ley ya leído y comprendido.
En cada asunto, en cada polémica, miles de personas nos manifestamos a favor o en contra de lo que apenas conocemos. Y esto es lo preocupante, porque precisamente es de educación y de formación de lo que se está hablando. El derecho fundamental a la educación incluye no enseñar a nuestros hijos a gritar simples frases transmitidas en distintas redes, sin apenas contrastar información. Los niños no pueden tener el ejemplo de padres manejables.
Se trata de encontrar los medios más favorables para que los niños sean educados en el trabajo, en el esfuerzo, en la comprensión de sus habilidades y potenciación de sus capacidades, sin que ningún niño sufra ningún tipo de discriminación ¿Es tan difícil? Cualquier ciudadano medio estaría de acuerdo con que la educación es una cuestión de Estado no susceptible de politización. Sin embargo, la Educación significa uno de los territorios prioritarios donde ejercer el poder político.
Parece como si este país no hubiera aprendido nada de lo perniciosa que fue aquella educación nacional-católica en la que se utilizaban los colegios para adoctrinar a las generaciones futuras. Y a fe con lo consiguieron. No es de recibo incidir en aquello sea cual sea la ideología con la que se pretenda adoctrinar. Educar, enseñar, hacer un pueblo culto y preparado, unas generaciones que se responsabilicen de su propio esfuerzo y conducta. Esto sería lo deseable.