Esta semana se han conocido los primeros precios de la uva de la vendimia 2022 en Valdepeñas, con novedades como una bonificación para la uva recogida a mano y destinada a vinos con Denominación de Origen. Se establecen precios base para las variedades Airén y Cencibel y una bonificación de un 60 por ciento para esta uva tinta, si se destina a vino de D.O.
Los contratos firmados por viticultores que proveen uva a Félix Solís contemplan un precio base para cualquier destino, de 2,90 pesetas por grado y kilo de uva blanca Airén y 3,20 pesetas por kilo-grado de una tinta Tempranillo. Considerando un promedio de 11 grados en las Airén, serían unos 19 céntimos de euro por kilo, y unos 25 céntimos si es uva Tempranillo.
La bonificación, si el destino de la uva es vino con Denominación de Origen Protegida de Valdepeñas, es de un 60 por ciento más para la uva tempranillo Tempranillo, lo que eleva su cotización hasta las 5,12 pesetas por kilo y grado.
Y como novedad, se incentiva con 6 céntimos de euro por kilo de uva tinta, si la vendimia se hace a mano. Se mantienen las acostumbradas bonificaciones por portes.
Hay que recordar que el año pasado se pagaron 2,85 pesetas el kilo-grado de uva blanca (ligeramente por debajo de este año) y hasta 5,70 pesetas el kilogrado de Tempranillo, tratándose de uva destinada a vinos de D.O.
Hasta hoy no se conocen los precios que ofrecen otras bodegas a sus proveedores.
Son precios iniciales, que podrían aumentar algo, según el desarrollo de la campaña. Desde Solís avisaron en pasados días, de que este año podría bajar la cantidad de uva que se compre con destino a Denominación de Origen, en vistas del descenso en las ventas de vinos con etiqueta de Valdepeñas, que esta bodega declara.
Conviene recordar que esta bodega, el principal operador vitivinícola de Valdepeñas, en cumplimiento de la ley de la Cadena Alimentaria, ha dejado de publica la tradicional ‘tablilla’ con los precios de referencia para las distintas variedades y formaliza contratos individualizados con cada proveedor.
Desde ASAJA de Castilla La Mancha denuncian que algunas industrias vinícolas cumplen con la obligación de cerrar contratos con cada uno de sus proveedores, pero imponiendo las condiciones y el precio, y no negociándolos, según entienden que establece la citada Ley de Cadena Alimentaria; precios que en todo caso y al menos, deben cubrir los costes de producción del viticultor.
