Ante las recientes declaraciones sobre las ocupaciones ilegales en la ciudad, la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real considera necesario trasladar a la ciudadanía un mensaje claro: la ley no protege a los okupas y Ciudad Real no vive una situación descontrolada, según los datos oficiales del Ministerio del Interior y el informe reciente del Ministerio de Vivienda.
Al mismo tiempo, valoramos la convocatoria de la Junta Local de Seguridad como el espacio adecuado para trabajar con rigor y en colaboración con el Ayuntamiento y el resto de administraciones.
1. No existe ningún “derecho a okupar”: qué dice la ley de verdad
En España no existe ningún derecho a okupar una vivienda. Es importante trasladar a la ciudadanía un mensaje nítido: la ocupación ilegal de una vivienda nunca está amparada por la ley. El Código Penal es muy claro:
El allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal), cuando alguien entra o permanece sin permiso en la vivienda habitual de otra persona, se castiga con penas de prisión y permite la actuación inmediata de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para devolver la casa a sus moradores.
La usurpación de inmueble (artículo 245.2 del Código Penal), cuando se ocupa un inmueble que no es morada contra la voluntad del propietario, también es un delito, sancionado y perseguible.
Además, en los últimos años se han reforzado los instrumentos legales:
La Ley 5/2018 introdujo el llamado desahucio exprés en la Ley de Enjuiciamiento Civil para recuperar con mayor rapidez viviendas ocupadas ilegalmente.
La reciente Ley Orgánica 1/2025 ha incorporado los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda al ámbito de los juicios rápidos, acortando los tiempos de respuesta penal.
La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, no crea ningún privilegio para los okupas: ordena los procedimientos de desahucio en casos de vulnerabilidad y refuerza la protección frente a grandes tenedores, pero no impide desalojar ocupaciones ilegales.
Por todo ello, es falso afirmar que el Gobierno de España ha aprobado leyes que protegen más al okupa que al propietario. La legislación vigente protege la propiedad privada y la convivencia, y ofrece herramientas ágiles para desalojar ocupaciones ilegales.
2. Qué dicen los datos en la provincia de Ciudad Real
Los datos oficiales del Portal Estadístico de Criminalidad sobre hechos conocidos por allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles en la provincia de Ciudad Real son muy claros:
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Año |
Hechos conocidos |
Victimizaciones |
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2022 |
130 |
67 |
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2023 |
98 |
31 |
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2024 |
85 |
32 |
En sólo dos años se ha pasado de 130 a 85 casos, es decir, una reducción de en torno a un tercio, con descensos encadenados año tras año. Con estas cifras encima de la mesa, no se puede hablar de una “explosión de okupaciones” ni de una situación descontrolada en Ciudad Real. Además, al cruzar los datos de hechos conocidos y de victimización, los datos son claros: no hay una marea de familias de Ciudad Real echadas de su casa por okupas. La mayoría de los problemas se concentran en inmuebles vacíos de bancos, grandes tenedores o administración, en barrios muy concretos. Y eso se arregla con ley, Policía y jueces, pero también con actuación urbanística y social y no sólo con discursos alarmistas.
A nivel nacional, el informe del Ministerio de Vivienda recuerda que estos delitos se concentran sobre todo en unas pocas comunidades autónomas y que la “okupación” supone una parte muy pequeña del conjunto de viviendas existentes.
3. Lo que de verdad preocupa a la gente
El último barómetro del CIS, recogido en el informe del Ministerio de Vivienda, muestra que sólo un 0,2 % de la población señala la “ocupación de viviendas” como principal problema de España, mientras que casi un tercio de los ciudadanos sitúa la vivienda en general (precios, alquiler, acceso) como su gran preocupación.
La mayoría de la gente está, por tanto, mucho más preocupada por poder pagar su casa que por una supuesta ola de okupaciones. Y ahí es donde el Gobierno de España trabaja, combinando seguridad jurídica con políticas de vivienda y ayudas al alquiler.
4. Competencias: cada administración tiene deberes
La seguridad ciudadana es competencia del Estado, que actúa a través de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Pero las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen competencias en vivienda, servicios sociales, disciplina urbanística, policía local e infravivienda.
Por eso, no es justo ni útil cargar toda la responsabilidad en las leyes estatales, mientras se olvidan las obligaciones en el control de edificaciones ruinosas, solares abandonados o situaciones de grave deterioro urbano.
La Junta Local de Seguridad debe servir para que cada institución asuma su parte y se acuerden medidas concretas, no para hacer propaganda.
5. San Martín de Porres: donde sí hace falta actuar ya
Un ejemplo muy claro es el barrio de San Martín de Porres.
En una reciente operación contra delitos de tráfico de drogas y contra el patrimonio, la Policía Nacional elaboró un informe detallado que describe:
- Viviendas y construcciones en ruina,
- Chabolas y edificaciones ilegales,
- Vehículos, basuras y chatarra acumulados,
- Bombonas de butano sin control, con riesgo real de incendio, explosión y derrumbe.
Ese informe concluye la existencia de posible ruina y propone instar al Ayuntamiento de Ciudad Real a:
- Declarar la ruina inminente de las fincas afectadas una vez analizadas por parte del Ayuntamiento.
- Ordenar su derribo controlado, en su caso.
- Balizar y cerrar la zona para proteger a los vecinos en los lugares precisos.
Desde la Subdelegación del Gobierno hemos solicitado que San Martín de Porres figure como punto específico en el orden del día de la Junta Local de Seguridad, porque ahí sí existe un problema serio no solo de seguridad, sino también salubridad y convivencia en el que el Ayuntamiento debe ejercer con decisión sus competencias urbanísticas y de disciplina sobre las edificaciones en ruina.
En caso de que finalmente no se incluya en esta Junta, formularemos de manera inmediata y por escrito la solicitud de convocar una nueva Junta Local de Seguridad, extraordinaria, urgente y monográfica sobre el barrio de San Martín de Porres, a celebrar a continuación de la ya prevista para ese mismo día.
Recordamos que hace cuatro meses remitimos un informe detallado de la Policía Nacional sobre esta situación y que, hasta la fecha, no se ha ofrecido respuesta ni se han concretado actuaciones. Por todo ello, consideramos que este asunto debe abordarse con carácter de urgencia en el seno de la Junta Local de Seguridad.
Ese es el mejor ejemplo de lo que la ciudadanía espera: menos discursos genéricos y más acción concreta donde hay riesgo real.
6. Colaboración y mensaje a la ciudadanía
La Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real quiere trasladar un mensaje claro a los vecinos y vecinas:
Ciudad Real es una provincia segura, y los datos no avalan un escenario de descontrol por okupaciones.
Cada caso se aborda de forma individualizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en coordinación con la Policía Local y bajo el criterio de jueces y fiscales.
El Gobierno de España seguirá defendiendo la seguridad, la propiedad privada y el derecho a la vivienda, con leyes serias, datos oficiales y cooperación leal con todas las administraciones.
Frente al miedo y a las palabras exageradas, nuestra posición es sencilla: menos ruido, más rigor y más trabajo conjunto para garantizar la seguridad y la convivencia en todos los barrios de Ciudad Real, empezando por aquellos, como San Martín de Porres, donde la realidad exige respuestas inmediatas, firmes y responsables.
