"El miedo que sentís al imponerme esta sentencia tal vez sea mayor que el que siento yo al aceptarla", dijo el astrónomo y teólogo Giordano Bruno al ser condenado a muerte por la Santa Inquisición por propugnar que el universo era infinito. Tanto hablaba y tan convincente era que, una vez subido a la pira, le paralizaron la lengua con un clavo para que no se dirigiera a los espectadores de su muere en la hoguera. Giordano Bruno se negó a renunciar a sus ideas, algunas de las cuales resultaron ser certezas.
Otro tanto le sucedió al médico Miguel Servet quien primero se ganó la enemistad de la Iglesia Católica y después cuestionó a Calvino. Habiendo pedido la muerte por espada, la Santa Inquisición le quemó encadenado a sus libros y con leña verde y húmeda para que tardar más en arder. Dicen que un piadoso verdugo le impregnó la argolla del cuello con azufre para que se asfixiara pronto, pero que el invento surtió poco efecto, tardando mucho en morir.
Ambos y muchos otros y otras murieron por sus investigaciones científicas. Servet descubrió el verdadero funcionamiento de la respiración pulmonar. Que ese descubrimiento no guardaba relación alguna con la religión imperante es evidente. Sin embargo, cualquier persona que manifestara algún indicio de pensamiento independiente era incómoda para el Poder, en aquellos años el poder eclesiástico.
Si no hubiera sido por los investigadores (y por las investigadoras cuyos nombres desconocemos por el silencionador infalible de los historiadores), si no hubiera sido por ellos, habríamos sucumbido a la gripe, a la tuberculosis, al sarampión, al constipado común y tantas y tantas enfermedades.
Quienes ahora han podido investigar a marchas forzadas sobre la vacuna de la COVID-19 deben su aportación a aquellos que les precedieron, y que perdieron la vida, fueron castigados a la muerte civil, o tuvieron que huir al exilio por descubrir lo que ahora nos salva la vida.
La negación del efecto de cualquier vacuna constituye una irresponsabilidad que transgrede el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión toda vez que la no vacunación de los negacionistas afecta a la salud pública. Ya existe legislación sobre salud pública que sanciona las infracciones por hechos que afecten a la salud colectiva. Sin embargo, dados los tiempos que corren, el Estado debe legislar al respecto de acuerdo con las circunstancias actuales, estableciendo la vacunación obligatoria. Uno puede negar la existencia del coronavirus, afirmar que nos están controlando a través del miedo y que nos expían hasta en el cuarto de baño, pero nunca pretender igualar su opinión a la investigación científica. La opinión es solo opinión, con más o menos fundamento, y la ciencia es ciencia. Que le pregunten a Galileo Galilei.