A la vez que el paro en el Transporte, está produciéndose otro mucho más silencioso, pero igual de grave: el de la agricultura. Los profesionales del campo soportan el mismo problema que los transportistas. Obligados a producir y vender a pérdidas, el incremento del precio de la energía y el combustible les ha llevado a una situación irreversible. Reclaman políticas que hagan respetar los costes de producción.
El paro de la agricultura es generalizado y sus consecuencias no se verán en cuestión de días como ocurre con el paro del transporte, sino a largo plazo con unas cosechas insuficientes para alimentar al país, por la falta de rentabilidad en el campo. La Ley de Cadena Alimentaria que obliga a pagar la producción agrícola, al menos cubriendo sus costes, a menudo existe solo en el papel. El campo está al límite, desde hace tiempo. Pero la situación se ha agravado con la reciente escalada de precios en el combustible y aprovisionamiento; los llamados insumos, que se han encarecido más de un 200 por cien.
La consecuencia está siendo el paro obligado de los agricultores, como revela el dato de que en marzo de 2022, el consumo de gasoil agrícola ha descendido en más de un 75 por ciento en relación con el mismo mes de 2021, según declara la organización agraria Unión de Uniones de Castilla La Mancha.
Pagar por trabajar
Las colas de tractores manifestándose en los pueblos han empezado a verse, como consecuencia de que los profesionales del campo están dejando de salir a trabajar. Les cuesta dinero hacerlo, como a los camioneros. La consecuencia, si el agricultor se ve obligado a parar, es la pérdida de la soberanía alimentaria; empezar a depender de otros países para lo más elemental: comer.
Frente a la crisis del sector primario, está la “tibieza” del Ministerio de Agricultura a la hora de defender los intereses del sector, según la Unión de Uniones; una organización que reclama elecciones en el campo y que denuncia el “apesebramiento” político de los otrora beligerantes sindicatos agrarios, que aun gozan de una representatividad otorgada por la Consejería de Agricultura de Castilla La Mancha, en aplicación de una ley ya derogada.
