Según un análisis realizado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, el 80% de los trabajadores y trabajadoras autónomas en España consideran que su principal preocupación es la carga fiscal que soportan. La brecha fiscal entre los autónomos y las sociedades supera actualmente el 30 %. Mientras que las sociedades tributan a un tipo máximo del 25 %, los autónomos en estimación directa afrontan tipos efectivos de entre el 20 % y el 24 %, con una deducibilidad mucho más limitada y mayores cargas administrativas.
Existen más de 3,4 millones de trabajadores autónomos, muchos de ellos con ingresos modestos y márgenes reducidos, y 1,5 millones de sociedades, de las cuales solo unas 50.000 superan los 4 millones de euros de facturación anual, lo que representa menos del 5 % del total. Este desequilibrio en la estructura empresarial evidencia la necesidad de un modelo fiscal que tenga en cuenta la capacidad real de contribución de cada agente económico.
Esta situación se agrava por la imposibilidad de deducir gastos reales de actividad de manera sencilla, la burocracia asociada al IVA y la falta de un tratamiento fiscal adaptado a la rentabilidad de los pequeños negocios. En contraste, las sociedades pueden optimizar gastos, amortizaciones y deducciones que están fuera del alcance de los trabajadores por cuenta propia.
Desde UPTA se reclama al Gobierno una reforma fiscal basada en la equidad y la progresividad, en la que los autónomos vean reducida su carga impositiva mediante un descenso del 5 % del IRPF en la renta y 5% del IRPF del tramo autonómico, mientras que las grandes empresas, con mayor capacidad económica, contribuyan más a través de un incremento de entre el 5 y el 7 % en el Impuesto de Sociedades. Además, se propone ampliar y flexibilizar las deducciones de los gastos reales vinculados a la actividad económica y la simplificación de las obligaciones formales.
UPTA CLM solicita la creación urgente de una mesa de diálogo fiscal en la que participen las organizaciones representativas del colectivo, el Ministerio de Hacienda y los agentes sociales, con el objetivo de elaborar un nuevo marco tributario equilibrado antes del año 2026.
Para César García Arnal, secretario general de UPTA CLM, “no se trata de pagar menos, sino de pagar de forma más justa y equitativa. El sistema tiene que reconocer la diferencia entre una gran empresa con capacidad para planificar sus finanzas y aquel trabajador autónomo que trabaja para sobrevivir”.
