La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otras tres en Alcázar de San Juan por realizar pruebas falsas de PCR para detección del virus COVID-19.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, ha procedido a la detención de una persona y a la investigación de otras tres más, como presuntas autoras de supuestos delitos contra la salud pública, estafa y falsedad documental.
Estas personas habrían estado realizando durante el periodo de restricción de movilidad con motivo de la pandemia de COVID-19, pruebas diagnósticas de antígenos a los pacientes que tenían intención de realizar viajes al extranjero, haciéndoles pensar que lo que realmente se les estaba realizando era un prueba PCR, expidiéndoles un certificado que anunciaban como válido para dichos fines.
Esta forma de actuar podría hacer creer a los clientes la veracidad de las pruebas y del resultado obtenido, pudiendo en caso de no ser oportunas, generar un peligro para el resto de personas que pudiesen tener un contacto estrecho con el contagiado.
Los Servicios provinciales de la Delegación de la Consejería de Sanidad de Ciudad Real, comunicaron a la Guardia Civil la irregularidad de estas actuaciones, toda vez que en una previa inspección de las instalaciones por dicha Administración Sanitaria, se habría comunicado a la responsable la imposibilidad de realizar dichas pruebas, al no contar con los equipos, habilitaciones y autorizaciones necesarias para ello.
Entrada y registro
Tras comunicar dichos hechos al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia, la Autoridad Judicial acordó la realización de una entrada y registro en la Clínica de Medicina Estética de Alcázar de San Juan, al objeto de verificar la actividad clandestina denunciada y para asegurar los instrumentos utilizados y la documentación generada, que fue analizada por los agentes actuantes.
La Administración Sanitaria provincial, que estuvo presente en dicha actuación, ha suspendido toda la actividad de la Clínica, por realizar pruebas diagnósticas frente al COVID-19, sin disponer de autorización administrativa, además de expedir supuestos certificados PCR, sin que el centro estuviese autorizado como laboratorio de análisis clínicos, ni autorizada un área de obtención de muestras dependiente de un laboratorio autorizado.
Asimismo se ha comprobado que los responsables de la Clínica, no habrían comunicado los casos positivos detectados de COVID-19, siendo esta una enfermedad de obligada comunicación urgente a los Servicios Sanitarios, ocasionando con ello la imposibilidad de realizar seguimiento a los contactos directos de estos pacientes positivos.
