Tras la reunión del pasado 25 de junio con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, las plataformas ciudadanas que se oponen a la instalación de plantas de biometano en Castilla-La Mancha consideran que el Plan Regional de Biometanización se ha quedado sin efecto.
En este encuentro, la consejera presentó un borrador del decreto que establecería las normas mínimas que deben cumplir los proyectos de plantas que deberán cumplir los proyectos de plantas de biogás en la región, como que no podrán situarse a menos de dos kilómetros de zonas urbanos y que al menos el 80% de los residuos tratados deberán proceder de un radio máximo de 35 kilómetros.
Sin embargo, los colectivos consideran que el Plan Regional de Biometanización ha perdido vigencia jurídica. Así se lo confirmó la propia consejera, aunque advierten de que el nuevo decreto por ahora no ofrece garantías suficientes, ya que no se sabe si incorpora las más de 15.000 alegaciones presentadas.
Desde la consejería mantienen que la región gestiona al año más de 15 millones de toneladas de residuos orgánicos, mientras que las plataformas que se oponen a las plantas de biometano estiman que esos residuos apenas superan los 3 millones y medios de toneladas.
